WONDERLAND SUIZA

Cinco años perdidos

Las políticas europeas para reducir las emisiones de CO₂  en el transporte por carretera perdió fuelle hace tiempo. Dentro de un par de días, el 1 de enero de 2015, tenía que haber entrado en vigor la obligación de que el 100% de los nuevos coches fabricados en la Unión Europea emitieran una media de 95 gramos de CO₂ por cada kilómetro recorrido. La norma se refiere a la completa producción de una firma, obteniendo la media de emisiones entre sus motores de alta gama y los instalados en sus pequeños utilitarios.

De esta forma, fabricantes como Mercedes-Benz o BMW tendrían que adoptar esta media de 95 gr/km, algo casi imposible para un habitual fabricante de berlinas de alta cilindrada. La solución fue empezar a fabricar también pequeños modelos, con menores emisiones que compensaran las de los grandes coches de la casa. Otra fórmula era que la firma especializada en producir coches grandes se asociara con fabricantes de utilitarios y empleara sus reducidas emisiones (o nulas emisiones si son coches totalmente eléctricos) para alcanzar la media.

Llega el año 2015, pero la completa aplicación de la norma se ha retrasado hasta el 2020. El motivo es la presión del lobby del automóvil europeo sobre las autoridades comunitarias. Estamos ante un bucle infernal, donde las petroleras presionan a los fabricantes y éstos a la Comisión, para retrasar todo lo posible la expansión del coche eléctrico. Por su parte, las corporaciones eléctricas sabotean en todo lo posible la energía solar fotovoltaica, ya que no existe peor pesadilla para el escalofriante sistema  energético que nos gobierna que un ciudadano recargando su coche 100% eléctrico gracias a los paneles solares que tiene en su tejado.

El presidente regional de Cataluña en su Audi

Las más altas autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea tampoco  dan ejemplo. Es suficiente con ver los coches oficiales que utilizan en sus desplazamientos. Generalmente son vehículos de gran cilindrada y que emiten por encima de los 200 gr/km. Las excusas del despropósito son variadas: la “representación” y la “dignidad” del cargo, la necesidad de que viajen confortablemente, ya que son abnegados y fatigados servidores, o la necesidad de usar vehículos blindados, de enorme peso y que precisan grandes motores.

Si Francia se decanta por sus grandes Renault, Peugeot o Citroën, en el Reino Unido usan Jaguar y Rover, en Italia, Lancia o Maserati, mientras que en Alemania emplean los grandes Mercedes, Audi y BMW. El Reino de España, que no considera suficientemente digno que sus ministros se muevan en un SEAT, adora el Audi A8 y sus 244 gr/km de emisiones. Lo de las autoridades españolas es una plaga: ministros, presidentes de regiones y alcaldes de grandes ciudades se apoltronan en los Audis. Algunos de ellos tuvieron un coste de 380.000 euros por unidad, aunque la media está entre los 65.000 y los 85.000 euros.

Un ex-ministro de Justicia del Reino de España y su Audi

Frente al despliegue de tantas y tantos políticos echando CO₂ por las orejas, aparece una mujer que, encima, es suiza (Zurich). Se llama Doris Leuthard y ocupa uno de los siete puestos de Consejo Federal del Gobierno de Suiza. En estos días ejerce el cargo de ministra de Medio Ambiente, Energía, Transportes y Comunicaciones. Hace tiempo, como presidenta del Partido Demócrata Cristiano, la señora Doris Leuthard era una defensora de la energía nuclear. Ahora, una vez vistas y comprendidas desde las esferas del poder las entrañas pestilentes de la energía nuclear y petrolera, ha decidido la progresiva desnuclearización de su nación y ha cambiado de coche oficial.

La Consejera Federal, Doris Leuthard, usa un Tesla S

¿Un nuevo Audi A8?, ¿un Mercedes-Benz Clase “S”? ¿un BMW serie “7”? Ninguno de ellos. Ha elegido un Tesla S californiano, eléctrico al 100%, con una autonomía de 450 km y cero emisiones. Con la compra  ha economizado unos 20.000 euros respecto de otros coches oficiales alemanes. Dos Consejeros Federales más han optado por el mismo automóvil. El detalle es que Suiza no forma parte de la Unión Europea, no usa el euro y no obedece a la señora Merkel.