RED NATURA 2000
Cochambre en Oyambre
Hace unos días, la
Unión Europea anunciaba una importante ampliación de su Red Natura 2000. Para
quien no esté familiarizado con el significado de la Red, diremos que es una
colección de espacios naturales protegidos, en tierra firme y en el mar,
conteniendo hábitats de especies que es
preciso preservar y cuyo objetivo básico es la conservación de la biodiversidad
(1). Se trata, en suma, de la mayor aportación de la Unión Europea al Convenio
Internacional sobre Biodiversidad de Naciones Unidas (Río de Janeiro 1992).
Los espacios incluidos en esta
Red reciben el nombre de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y se integran en
las llamadas Zonas de Especial Conservación. En estos momentos, el 17,9% de la
superficie terrestre comunitaria forma parte de la Red Natura 2000, así como el
4% de la superficie marina de sus aguas. La reciente ampliación de la Red crea
235 sitios nuevos (LIC,) que representan 25.000 kilómetros cuadrados adicionales a los 768.000 anteriores. Los
mayores protagonistas de esta ampliación son Rumanía y el Reino Unido.
La Red Natura 2000 lleva
funcionando desde hace veinte años. Un período de tiempo lo suficientemente
amplio para juzgar si está cumpliendo los objetivos para los que fue creada.
La respuesta es no. La Red no ha cubierto sus expectativas. Tan sólo el 17% de las especies de fauna y
flora que pretendía proteger se encuentran, hoy día, en aceptable estado de conservación. La mayoría de los hábitats (LIC) y espacios de protección de aves (ZEPA – Zona de
Especial Protección para Aves) se degradan cada día, sufren presiones y son
olvidados por gobiernos y autoridades. La Red Natura 2000 es, en buena medida, una red de
papel.
La Comisión Europea señalaba, el 10 de noviembre de 2012, la presencia de cuatro amenazas para la Red: la fragmentación que padecen sus lugares,
las infraestructuras que se levantan en su seno, la ausencia de regulación para su gestión y la ausencia de claros objetivos de conservación. Es irremediable añadir una quinta amenaza, y de las peores: la idiotez de algunas autoridades supuestamente encargadas de
proteger y gestionar la Red en cada Estado miembro y en cada región europea. Contra esta destructiva amenaza hay poca defensa porque llega desde el poder. Expongamos un caso sangrante:
El día 9 de noviembre de 2012,
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictó sentencia sobre la
carretera “variante” del LIC de Oyambre, anulando definitivamente el proyecto. Se ratificaba así la sentencia del juez que, en 2010, paralizó de forma
cautelar las obras. La variante pretendía sustituir un viejo tramo de carretera que cruza la duna atlántica de Oyambre.
Tramo que, además, secciona el campo de golf privado plantado encima de la
duna. Esta es la pequeña historia de una idiotez política y
administrativa.
En el año 2008, autoridades del Gobierno de Cantabria (España - Consejería de Obras Públicas y
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural) presentaron el proyecto de la “variante” (By pass), que se
construiría encima de uno de los humedales del LIC. El beneficio esperado de la
infraestructura era liberar a la duna de la vieja carretera que la atravesaba,
aunque para conseguirlo se disponía a rellenar con piedras un humedal. La Dirección
General de Montes y Conservación de la Biodiversidad, dependiente de la
anteriormente mencionada Consejería de Ganadería, no consideró necesario realizar
una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que dictaminase la afectación de
espacios protegidos y pertenecientes a la Red Natura 2000.
Los trabajos comenzaron al final del verano de 2009, sin contar con la preceptiva EIA. La ONG "Ecologistas en Acción", presentó denuncia ante los tribunales y ante la Comisión
Europea. En poco tiempo, y ante la gravedad de los hechos denunciados, el magistrado correspondiente ordenó la paralización cautelar de las obras. El Gobierno de Cantabria se apresuró a recurrir ante un tribunal superior, que es quien acaba de confirmar la sentencia previa.
Ahora, el TSJC declara ilegal y nulo el proyecto, ordenando a la Dirección General de Montes y Conservación de la Biodiversidad que restaure el humedal degradado y lo retorne a su anterior situación. Entre sus motivaciones, el TSJC rechaza las alegaciones de las autoridades en el sentido de tratarse de una beneficiosa variante, destinada a “liberar” la duna protegida. En realidad, afirma la sentencia, la machacada duna de Oyambre se liberaría de forma más efectiva si se erradicara, de una vez por todas, el campo de golf que la recubre, como paso previo de los obligados trabajos de regeneración del completo sistema dunar.
Ahora, el TSJC declara ilegal y nulo el proyecto, ordenando a la Dirección General de Montes y Conservación de la Biodiversidad que restaure el humedal degradado y lo retorne a su anterior situación. Entre sus motivaciones, el TSJC rechaza las alegaciones de las autoridades en el sentido de tratarse de una beneficiosa variante, destinada a “liberar” la duna protegida. En realidad, afirma la sentencia, la machacada duna de Oyambre se liberaría de forma más efectiva si se erradicara, de una vez por todas, el campo de golf que la recubre, como paso previo de los obligados trabajos de regeneración del completo sistema dunar.
La peor amenaza para un
espacio de la Red Natura 2000 no es el cambio climático, la desidia o el descuido de los ciudadanos. La
mayor amenaza es la memez, la obcecación o la prepotencia de quienes tienen
la obligación de ordenarlo, restaurarlo y protegerlo. El LIC de las Rías Occidentales y de las
dunas de Oyambre (Nº de Código ES 1300003) es uno de esos espacios europeos de la Red Natura 2000 cuya pésima gestión no compensa las anunciadas ampliaciones. Es una muestra de cómo la mediocridad nos cuesta una fortuna y nos llena de vergüenza.
¿Quién pagará la restauración ordenada por el TSJC? Sencillo: la pagaremos todos los españoles con nuestros impuestos, regresando a esa situación, tan española, del Delito sin Delincuente. También, los de siempre afirmarán que la culpa de todo este desaguisado no la tienen ni las autoridades, ni los políticos, ni los jueces. La tienen los "Ecologistas de mierda".
¿Quién pagará la restauración ordenada por el TSJC? Sencillo: la pagaremos todos los españoles con nuestros impuestos, regresando a esa situación, tan española, del Delito sin Delincuente. También, los de siempre afirmarán que la culpa de todo este desaguisado no la tienen ni las autoridades, ni los políticos, ni los jueces. La tienen los "Ecologistas de mierda".
(1)La Red Natura 2000 se crea
mediante la Directiva 92/43/CE (Directiva Hábitats) y en ella se integran
también los espacios protegidos para las aves de la Directiva 79/409/CE
(Directiva Aves)