DE MADRID AL CIELO

Bangui pide paso

Desde hace unos años, la vieja y tonta frase promocional “De Madrid al Cielo”,  que viene a ensalzar las bellezas y cualidades de la capital del Reino de España, empieza a tener sentido. Efectivamente, en estos últimos años los madrileños se encuentran más cerca del cielo porque su esperanza de vida se acorta. Para el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, el polaco Janez Potocnik, la contaminación atmosférica de Madrid (y la de Barcelona) resulta tan desesperante y recalcitrante que está dispuesto a llevar al Reino de España ante los tribunales europeos.

Según el último informe de Agencia Europea de Medio Ambiente (Air quality in Europe – 2013 Report), la suciedad del aire respirado por los europeos afecta al 90% de la población y acorta la vida de 430.000 ciudadanos cada año. Especialmente sangrante es la persistencia de niveles de contaminación por partículas (PM) y por ozono, así como la ausencia de planes y programas eficaces que pongan freno a esta alarma sanitaria. Algunas de las más sucias ciudades europeas son españolas.

Las autoridades municipales de Madrid llevan años mareando a la Unión Europea con tibios Planes de Calidad del Aire que eluden los problemas de fondo con actuaciones inútiles o simplemente recaudatorias (establecimiento de ZBE con tarifas especiales por aparcar), dilatando la adopción de verdaderas estrategias de choque, como son las restricciones a la circulación privada. El último Plan, presentado en mayo de 2012, como excusa o acompañante de una solicitud de moratoria de cinco años, ante la amenaza de que España acabara en los tribunales, ha servido para poco. Si alguna mejora se ha notado en el aire madrileño ha sido por las intensas lluvias y la favorable climatología observada en los últimos 15 meses, además de la visible disminución de automóviles privados circulando por la ciudad a causa de la brutal crisis socioeconómica.

La solicitada moratoria de cinco años para cumplir con las Directivas fue rechazada por la Comisión Europea. En consecuencia, el Plan de Calidad del Aire  2012 – 2015 se ve forzado a tomar nuevas medidas. La más novedosa es la subvención otorgada por el Ayuntamiento para la compra de 600 taxis “híbridos”. Con esta ayuda, que afectaría al 3,8% de la flota de taxis (unas 15.700 unidades) y que representa el 0,03% del parque total de automóviles susceptible de moverse por la ciudad (cerca de dos millones), el Ayuntamiento espera cumplir las Directivas y evitar la multimillonaria multa. Al parecer, y según portavoces municipales, los taxis serían responsables de la persistente contaminación atmosférica de la capital.

Cuando se insinúa la oportunidad de adoptar medidas más contundentes contra la contaminación, como las establecidas por 200 ciudades europeas dentro de las normas EURO de emisiones de vehículos, el Ayuntamiento las rechaza alegando no desear crear “alarma social”, no causar “molestias” a los ciudadanos y no provocar “daños a la actividad económica”. Parece ser que acortar la esperanza de vida en un año de media, someter a los ciudadanos a mayor riesgo de contraer cáncer (informe OMS sobre el muy probable efecto cancerígeno de las partículas (PM de 10, 5 y 2,5 micras de diámetro) y padecer enfermedades pulmonares y cardiovasculares no son factores que causen alarma social, molestias o daños económicos. Deben ser estupendos sistemas para pasar de "Madrid al Cielo" más deprisa y así cumplir con la frase publicitaria.

 

Los taxis de Madrid ¿grandes responsables de la contaminación?

Sin embargo, los ciudadanos de Madrid parecen estar hasta el gorro de su ciudad y de sus autoridades municipales. Al menos, eso es  lo que revela el Eurobarómetro y su encuesta sobre calidad de vida (Audit Urban), presentada con motivo de los Open Days- 2013 celebrados dentro de la 11ª Semana Europea de Regiones y Ciudades (Bruselas 7 – 10 de octubre 2013). El resultado de la encuesta (en 2007 y 2009 se realizaron las anteriores) es descorazonador para Madrid. La ciudad  baja en casi todos los parámetros de calidad de vida y se coloca en el pelotón de cola de las 79 ciudades europeas auditadas. Lo más llamativo, después de lamentarse del ruido, de la suciedad y de la contaminación, es que el 60% de los madrileños dicen no fiarse de sus autoridades.

Tras el bochornoso descalabro de la candidatura olímpica 2020, arrastrando la deuda de casi 5.000 millones de euros que la ciudad mantendrá a finales de este año, con un Plan de Ajuste económico que ha llenado las calles de basuras, baches, agujeros y graffitis, tras la brutal subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y de otras tasas municipales, solo nos falta, como guinda, la multa que Bruselas nos atizará por no reconducir los contaminantes del aire a sus límites legales.

A la vista de estas percepciones y realidades no es extraño que Madrid pierda visitantes extranjeros y olimpiadas, que su comercio languidezca o que su flamante aeropuerto tenga crisis de viajeros. Alguien (algunos), claramente inferior (inferiores), está (están) haciendo las cosas rematadamente mal. Por respeto a la verdad, hay que reconocer que en Bangui quizá no lo harían mucho mejor que en Madrid, pero allí no se les ocurre la memez “De Bangui al Cielo”. A no ser, claro está, que te tiroteen desde un desvencijado 4x4 repleto de milicianos del “Seleka” en una polvorienta calle. 

POLITICA AMBIENTAL

El papel del Estado

En los últimos días me ha interesado el debate que un grupo de filósofos españoles entretiene sobre el papel del Estado en nuestra sociedad. Para una las partes en conflicto (conflicto intelectual y muy educado, se entiende), el Estado sería una necesidad antropológica y una exigencia de la razón. Gracias al Estado es posible la coexistencia de las libertades individuales, si bien con limitaciones jurídicas pactadas. En pocas palabras, el Estado existe porque el hombre no es capaz de auto organizarse y protegerse de, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza o la escasa racionalidad que muestran numerosos humanos, forzándonos a vivir bajo una ley común.

Por el contrario, la otra parte del debate sostiene que, hoy día, el Estado es una realidad separada de la sociedad civil. Siguiendo el pensamiento de Althusser, el Estado sería un aparato de represión que representa el dominio del soberano o de una casta sobre la población. En nuestra sociedad occidental el Estado representaría el capitalismo y la propiedad, ya que la propiedad es fundamento de la política y del derecho. Los filósofos de este lado del debate reclaman otra clase de Estado, aventurando el basado en la democracia radical, el derecho común de la multitud y la salvaguarda de los bienes y medios de producción comunes, lo que nos devuelve a la base ideológica del comunismo.

Como señala mi querido primo y filósofo Juan Domingo Sánchez, en filosofía no existe la verdad, ya que la filosofía no es una ciencia, sino un debate que, a buen seguro, veremos acrecentarse en los próximos años. De hecho, en estos tiempos de neoliberalismo radical y destrucción de los bienes comunes a través de las privatizaciones, de dominio financiero y declive de las industrias, el Estado y su arquitectura aparecen cada vez más alejados de la realidad social.

Seres humanos en busca de un Estado mejor. La emigración ambiental
será  el azote del siglo XXI.

Cuando los medios de comunicación se hacen eco en Europa de un creciente desafecto de los ciudadanos respecto de sus “representantes” políticos, con caída de la confianza en los gobiernos, en sus líderes e incluso en la propia democracia, en realidad estarían expresando un sentimiento más hondo. Es la extensión de la desconfianza hacia un Estado que parece haber perdido su sentido de protección universal para desembocar en un “aparato” puesto al servicio de los intereses económicos e ideológicos de un sector de la sociedad. De ser así, se estaría dando la razón a Althusser y sería lícito reclamar “otra” forma de Estado o un retorno a situaciones anteriores.  

Estado y Medio Ambiente

Sin embargo, el interesante debate merece ser enriquecido. Si el Estado justifica su propia existencia al protegernos de las fuerzas de la naturaleza, al defendernos de la estupidez y la maldad humanas o al intentar salvaguardar el derecho y los bienes comunes, cabe preguntarse si está cumpliendo esos objetivos.

La lectura del avance del 5º Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (AR5 - IPCC Assessment Report 5 - Resumen - 27 de septiembre de 2013), con su alarmante diagnóstico, puede colocar a los Estados en situación incómoda o bien esperanzadora. Para los Estados que conservan un mínimo de coherencia con sus fundamentos constitutivos, hacer frente a las consecuencias de la anunciada Catástrofe Climática podría ser una nueva y poderosa justificación de su propia existencia. Para otros Estados, para aquellos en proceso de degradación por desarraigo social, por extendida corrupción o por su claudicación y abandono en brazos del neoliberalismo depredador, la Catástrofe Climática aparece, lógicamente, como un fenómeno negado, rechazado o incomprendido.

En cualquier caso, hacer frente a la Catástrofe es una tarea hercúlea que supera el ámbito de los Estados nacionales, tanto de los más responsables como de los más embrutecidos. Ya no parece caber duda de que a mediados del siglo XXI la humanidad se enfrentará a un hito histórico. Dentro de cuarenta años los efectos biogeográficos de la Catástrofe Climática empezarán a sentirse por todo el planeta. Los combustibles fósiles y algunos recursos esenciales para la vida (tierra fértil y agua potable) empezarán a escasear y la demografía alcanzará cifras difíciles de gestionar, apareciendo movimientos migratorios tan extraordinarios que las tragedias que se viven en aguas de Lampedusa serán una anécdota.

El drama para nuestros hijos y nietos es que algunos de los Estados más significativos de la Tierra, la mayoría asentados en el hemisferio norte, se encuentran en proceso de degradación. Los Estados que dejan de lado la protección de los bienes comunes de la sociedad son claramente incapaces de entender y mitigar las amenazas que se ciernen sobre el principal bien común: nuestro planeta y sus recursos. Las resistencias de numerosos Estados a la hora de implementar soluciones eficaces al efecto invernadero son abundantes. No se trataría de actitudes erróneas o de un mal cálculo de previsiones: sencillamente es una estrategia ideológica que defiende la desregulación de casi todos los ámbitos socioeconómicos en beneficio de unos pocos. 

Enfrentarse a la Catástrofe Climática pasa por limitar, regular y legislar, algo ideológicamente detestado por el sistema neoliberal. En ocasiones, como en el Estado del Reino de España y su reciente salto atrás en la implantación de energías renovables o con la aprobación del “fracking”en el Senado, la resistencia es lógica si consideramos los estrechos lazos que unen al Estado con las corporaciones privadas energéticas.

El lector avisado argumentará que el Estado moderno y capitalista "debe" saber que la sociedad industrial y la economía de mercado se basa en el consumo intensivo de bienes y servicios, con empleo masivo de energía y recursos naturales, muchos de ellos finitos. Debería saber, por tanto, que la sociedad de consumo es un callejón sin salida. En realidad, todo esto era rigurosamente cierto hasta hace treinta años. Porque, actualmente, el Estado moderno y capitalista se aleja del modelo industrial que proporciona abundante empleo y fuerte consumo. Su nuevo ideal es una sociedad feudal (elitista), con escaso empleo y con los menguantes recursos naturales acaparados por unos pocos privilegiados.

¿Dudas? Las últimas actuaciones Estatales y Supraestatales occidentales, con su apoyo sin fisuras a la banca internacional, con la masificación de un desempleo que será estructural y no coyuntural, con la reducción a la situación de pobreza estable de millones de ciudadanos europeos y norteamericanos, nos aportan ideas de hacia dónde nos encaminamos. Parece claro que si las corporaciones privadas infiltran y socavan la esencia de los Estados soberanos, con mayor facilidad contaminan vaporosas instituciones internacionales, como la Unión Europea.

Pero hay otra lectura posible. El escenario de futuro que se dibuja ante nosotros sería acorde con un planeta sumido en crisis energética y ambiental, apareciendo la actual situación como una toma de posiciones previas. ¿Nos están preparando? ¿Es la actual crisis el ensayo general de un futuro ineluctable? En este contexto, el debate sobre la función del Estado ante la Catástrofe Climática queda pendiente de precisar, si es que llega a definirse algún día.

Tres pequeñas muestras

La presión que las industrias y corporaciones ejercen sobre los Estados y las instancias internacionales en materia de lucha contra la Catástrofe Climática se suceden. 

UNO. El primer ministro de Australia, el neoliberal M. Tony Abbott, eliminará la tasa sobre el carbono que afecta a las 500 mayores industrias contaminantes y emisoras de gases de la nación. Después de pregonar que la responsabilidad humana en la Catástrofe en una "absoluta gilipollez" (con perdón), anuncia que suprimirá varias agencias estatales relacionadas con el seguimiento del Cambio Climático, para ahorrar dinero a unos contribuyentes que soportan veranos abrasadores, pavorosos incendios regionales e inundaciones bíblicas .

DOS. En Europa, el Consejo de Transportes acaba de retrasar hasta 2024 la fecha en la que los automóviles deberán emitir menos de 95 gr/km de CO2, medida prevista para 2020. La presión de los fabricantes de automóviles de alta cilindrada sobre  Alemania ha sido decisiva, haciendo caso omiso de una decisión del Parlamento Europeo. En este asunto, se ha desvelado que la familia Quandt, propietaria del 46,7% del capital de BMW, entregó 690.000 euros al partido de la canciller Angela Merkel (CDU) cinco días antes del Consejo. 

TRES. La "tasa de carbono" sobre el transporte pesado por carretera, que debía entrar en vigor en octubre de 2013 en Francia, ha sido aplazada a 2014. La tasa, para camiones de más de 3,5 toneladas, se aplica para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar la degradación de las carreteras. La presión de las corporaciones de transportistas ha pesado en el retraso y puede que posponga la aplicación de la tasa.