AZNALCÓLLAR

Celebrando un “Día Internacional" del medio ambiente

Aznalcóllar 1998

La peste de Aznalcóllar retorna a la diminuta y cateta memoria colectiva del reino de España. Una memoria pequeña, como corresponde a un reino poblado de ilectos e idiotas. Al menos, así deben considerarnos los rubiacos empresarios suecos de Boliden, empresa propietaria de la concesión minera de Aznalcóllar y causante de uno de los mayores vertidos contaminantes que se recuerdan en Europa.

Han pasado veinte años desde que los primeros informes técnicos advirtieran del peligro de rotura en la balsa gigante de almacenamiento de lodos tóxicos de Boliden (1995).  Una balsa recrecida sin control y donde se vertían venenos ajenos a la propia explotación minera, ante la ceguera y la pasividad de la Junta de Andalucía (PSOE). 

Se nos han ido por entre los dedos diecisiete años desde que la balsa se rompiera, inundando de venenos persistentes un sector del Parque de Doñana (1998), joya de los espacios naturales europeos. En 2002, el Consejo de Ministros (Partido Popular) del reino impuso una multa de 45 millones de euros a la empresa Boliden, que se apresuró a anunciar que no pagaría.

En 2004, la Junta de Andalucía (PSOE) reclamó 90 millones de euros a Boliden, para compensar los gastos de limpieza. Boliden tampoco los pagó, gracias a oportunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo del reino (2011). Ahora, la Junta de Andalucía (PSOE) adjudica el yacimiento de Aznalcóllar y sus mierdas a otra empresa minera contaminadora (catástrofe de Sonora - México, 2014) y en medio de denuncias judiciales por supuestas y extraordinarias irregularidades concursales por parte de las autoridades regionales.

Cuando faltan 48 horas para celebrar el Día de los residuos, del reciclaje o algo parecido, recordar la miseria de Aznalcóllar es oportuno y, además, está de actualidad. Como señala el investigador Javier López Linage (CSIC), en momentos de crisis ambiental en España se sigue la estrategia latina, donde, principalmente, «se busca ocultar con rapidez el conflicto social o amortiguarlo con cantidades arbitrarias de dinero público, bajo el pretexto de indemnizar rentas de trabajo y de explotación a agentes económicos potencialmente problemáticos.»

Estas palabras fueron pronunciadas en Santiago de Compostela por López Linage en el año 2003, tras el vertido masivo del “Prestige”, resaltando entonces que “el sistema administrativo y jurídico no funciona y eso, en la práctica, significa la protección efectiva de los intereses industriales y financieros por encima de otros valores sociales; por encima de eso tan etéreo, pero, al tiempo, tan identificable siempre como el bien común”.

Esta es la doctrina que ha guiado las políticas ambientales españolas, a pesar de las Directivas comunitarias sobre medio ambiente, nunca bien miradas por los políticos más sucios e ignorantes. Estamos a dos jornadas del Día Mundial del Medio Ambiente y la situación ambiental empeora en España. El único alborozo manifestado por algunos medios de comunicación es que el reino bate un récord de Banderas Azules en sus playas. Unos trapos azules entregados a los ayuntamientos por la empresa privada que los vende.

Entre tanto, Vigo sigue sin depurar sus aguas fecales y la playa de Suances (Cantabria) sigue recibiendo el mercurio de las plantas químicas de Torrelavega. Los millones de euros de multa y compensación reclamados a la minera Boliden han sido como el papel mojado, pero el actual gobierno del reino, todavía en manos del Partido Popular, redacta otros papeles que añaden unas gotas de desprecio al ciudadano.

Son las multas previstas en el borrador de normativa energética que prepara, desde hace meses, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, destinadas a los ciudadanos o empresarios que no declaren sus paneles fotovoltaicos para autoconsumo eléctrico. La sanción llegaría a los 60 millones de euros, muy por encima de la impagada multa de 45 millones a Boliden y su riada tóxica. El doble de cuantía que por abandonar material radioactivo (30 millones) en cualquier lugar público. Diez veces más que la multa prevista para empresas alimentarias que utilicen substancias tóxicas dañinas para la salud en sus productos de venta al público (600.000 euros).

¿De dónde surge esta aberración? Nace del miedo. Del pavor que despierta entre los dirigentes de las corporaciones eléctricas y sus políticos amaestrados la posibilidad de que los ciudadanos sean energéticamente independientes. La temible posibilidad de que la democracia se extienda y profundice. El pánico a que los ciudadanos reaccionen, se agrupen y cooperen entre si.

Otra explicación: causar un destrozo ambiental como el de Doñana, irradiar a la población con radionucléidos, envenenar a niños con leche adulterada, extender el cáncer con el descontrol de los productos químicos serían delitos que atentan contra las personas, su salud y su futuro. En todo caso serían "malas prácticas comerciales". Pero las personas no figuramos entre las prioridades del sistema, salvo durante la semana previa a unas elecciones. Sin embargo, atentar contra los colosales beneficios económicos de cuatro empresarios es un crimen que merece la mayor de las sanciones.

El resultado para una nación donde el sol luce con inusitada fuerza es que el reino de España instaló 22 Mw de potencia fotovoltaica en 2014, mientras que Francia puso en marcha 1.000 Mw y en el Reino Unido, nación de brumas y lluvias, creció en 2.270 Mw.

Se acerca la fecha de las elecciones regionales y municipales, a las que concurren los dos grandes partidos (PSOE y PP), perfectamente enjaezados y con el bocado bien sujeto a las mandíbulas, llevados dulcemente de las riendas por empresarios y financieros. Para un patriota que ama a su país, votar cualquier alternativa democrática capaz de sacar de las instituciones a los representantes de estos grupos, tan profundamente carcomidos por la corrupción, la soberbia, la ignorancia y la avaricia, es una urgencia nacional.

Viene al caso la frase de Epicuro que Javier López Linage incluye en uno de sus magistrales artículos sobre el Plan Hidrológico Nacional (2002) y sus delirantes trasvases: «nada es suficiente para quien lo suficiente es poco»