GDF SUEZ
Los parásitos
Como suele ser habitual, los detenidos son políticos y empresarios. Cuando la policía acudió en
busca de uno de los capos de esta mafia, un destacado político (profesional) y dirigente
del Partido Popular en la Región de Madrid, muchos de sus vecinos sonrieron: “Han
tardado demasiado en venir a por él”, decían. Al desvelarse que la empresa presuntamente corruptora
era la francesa GDF Suez (Cofely), algunos tampoco se han sentido sorprendidos, porque la multinacional habita y medra en el oscuro mundo de la energía eléctrica.
La generación, distribución y
venta de energía eléctrica en España se organiza en torno a grandes anomalías.
Ampliamente privatizado, este sector forma parte substancial del entramado
neoliberal que saquea al ciudadano y mantiene engrasada la conocida “puerta
giratoria”. Forma parte de esa trama empresarial que reserva puestos en sus Consejos
de Administración para acoger a políticos, en pago a los servicios prestados a dicha trama mientras gobernaron.
El sistema de libre
competencia, alma, corazón y justificación de la economía de mercado y de la
Unión Europea, vive la mayor de las anomalías cuando se aplica al sector
eléctrico español. Convertido en un monopolio “de facto”, torpedea el progreso
de las energías renovables con la activa complicidad de las autoridades
políticas y maniobra sin cesar para aumentar sus ingresos a costa de unos
ciudadanos que se ven incapaces de encontrar un mínimo de diferencia en las
tarifas aplicadas por cada empresa. La competencia no existe. Y no digamos la "libre" competencia.
Después de obligar a los
españoles a aceptar contadores digitales, instaló miles de ellos trucados para hacer
saltar los “diferenciales” y así forzar al usuario a aumentar la potencia contratada
y sus costes fijos. La estafa fue descubierta por los consumidores y
denunciada, pero miles de usuarios habían sido ya forzados a incrementar los
“costes fijos” en sus facturas. Más tarde, preocupados por las posibles
consecuencias de la autogeneración eléctrica (fotovoltaica) y el autoconsumo, el
entramado empresarial forzó a los políticos a dictar normas disuasorias
(peajes) que hacen ruinoso montar un simple panel solar fotovoltaico en el tejado de cualquier
casa española.
Sin embargo, el auge de las
renovables, especialmente las de generación eólica, está haciendo bajar los
costes de generación de electricidad y, en consecuencia, debería hacer bajar el
precio del kilovatio en las facturas. La respuesta de la mafia empresario-política ha sido doble:
por un lado, volver a aumentar los gastos fijos (+100% en dos años); y por otro
lado, perpetrando un sistema de fijación del precio del kW que toma como
referencia el coste del sistema de generación más caro. Todo ello, mediando la
complicidad del sistema neoliberal.
Últimamente, la mafia organiza
campañas para vender supuestas primas de un “seguro de mantenimiento y
asistencia” a través de empresas filiales. El cebo es una tentadora reducción
del 15% en los abultados costes fijos de la factura (impuestos aparte). En
realidad, el ciudadano no ahorra nada con esas ofertas, ya que la reducción en
el coste fijo es superada por el precio del innecesario e inútil contrato de
“seguro de mantenimiento”.Últimamente, incluso ofrecen seguros de enfermedad.
Otra campaña en marcha,
orquestada por varias empresas eléctricas, es vender una supuesta “Tarifa Plana”
que permite abonar la misma cantidad a lo largo de las facturas del año,
independientemente del consumo y revisable al final del año. Una trampa extremadamente peligrosa que hace confiarse
al consumidor y que no podría calcular sus consumos, echando por tierra todas
las políticas de ahorro energético y la prudencia. ¡Atención! gente ingenua y confiada... La "compensación" al final de los doce meses puede ser una pesadilla.
En el fondo, esas ideas brillantes de los chicos del marketing eléctrico no son el
objetivo final. Lo que las corporaciones eléctricas persiguen con estas nuevas maniobras
comerciales es fidelizar (atrapar y amordazar) al inocente consumidor durante
un año y sin la menor garantía de permanencia de las ofertas. Una trampa en la
que están cayendo muchos, ya que se emplean estrafalarios contratos “verbales”
telefónicos en su venta, vulnerando la Ley de Protección de Datos y negando el envío previo
del contrato, completo y en papel, con toda su letra pequeña y cláusulas para
ser debidamente analizado y sopesado. Los españoles deben aprender a decir NO.
Regresando a la trama mafiosa
recientemente desmantelada, el protagonismo eléctrico es llamativo. Esta vez, se
trata de manipular el ahorro y la eficiencia energética en las instalaciones públicas.
El universo de la “gestión ambiental” y la “eficiencia energética” es un campo
minado donde se mueven ágilmente eléctricos de toda especie y de todo
pelo. Empresas eléctricas, que exhiben tristes calificaciones de eficiencia
energética “E” y “F” en su actividad (el inteligente lector puede verlo en su
factura de la luz), ofrecen sus servicios a instituciones públicas para que
mejoren su eficiencia bajando, supuestamente, los consumos, mientras ellos suben
artificialmente los costes fijos.
Por su parte, las empresas adheridas al negocio eléctrico venden humo carísimo y mediante contratos atornillados. Osakidetxa (Sistema Sanitario Vasco), mantiene con una filial de Cofely un servicio de gestión para las plantas de generación eléctrica situadas en ciertos grandes hospitales del País Vasco. Al bajar el precio del kW, el Gobierno Vasco quería que esas bajadas se trasladasen a las facturas de Cofely, pero no pueden por el blindaje protector de los contratistas. También llegan noticias de un hospital en Burgos, esta vez privatizado, donde Cofely ha practicado sus "sostenibilidades" energéticas en la climatización del edificio, con sobrecostes de cuatro millones de euros.
La filial de
GDF Suez, a través de jugosos contratos (unos 160 millones de euros
extraídos a media docena de ayuntamientos de tamaño medio y pequeño), vendía sostenibilidad y ahorro. Los
servicios ofrecidos, al parecer, consistían en auditar energéticamente a las
instituciones, sus edificios y sus servicios, renovar alumbrados públicos o
forzar cambios en el combustible empleado para bajar los costes energéticos
variables (consumos). El coste disparatado de los supuestos y estúpidos
servicios era aceptado porque los clientes (políticos) eran tan idiotas como para dejarse seducir por los charlatanes y, evidentemente, porque, siempre supuestamente, recibían
el 3% del importe de la contrata.
Varios directivos de GDF Suez
han sido detenidos. Conociendo el “glamour” de la empresa francesa, esos empresarios/directivos tendrán un bellísimo currículo de titulaciones y másters
en finanzas y administración de empresas, además de poseer un inglés
inmejorable. Fue precisamente en alguno de esos elitistas másters donde el
yerno de un rey aprendió a enriquecerse a costa del dinero público.
En estos primeros días de noviembre
todavía se esperaba una nota de disculpa pública de GDF Suez. De momento,
recogemos las bellas palabras de su página web, que dicen así:
Una
empresa sostenible es una empresa ética
La ETICA es una dimensión esencial del éxito
del proyecto industrial y humano de GDF SUEZ y un acto de responsabilidad
individual de cada uno de sus integrantes.
Esto se refleja en los principios fundamentales que guían los
comportamientos de toda la organización: el cumplimiento de las leyes y
normativas, la integridad, la lealtad, la honradez y el respeto a los demás.
Esta política se recoge en dos textos fundamentales: el Código de Ética y la
Guía Práctica.
Estos compromisos empiezan por la
aplicación de los valores del Grupo, escogidos por los propios
colaboradores y que les unen, alrededor del mundo, a través de unos fundamentos
comunes
Precioso y rotundo. Pero, al parecer, falla la aplicación práctica y explicar que los Valores del Grupo son la cuenta de resultados. De hecho, la empresa GDF Suez ha sido galardonada con el gran Premio Pinocho (junto con Shell), como empresa mentirosa y que emplea su marketing de defensora del medio ambiente como pantalla para destrozarlo.
Los medios de comunicación han
prestado una enfermiza atención a los políticos presuntamente corruptos, pero han dejado de
lado a esos otros presuntos corruptores eléctricos disfrazados con la sagrada túnica
de la “sostenibilidad”. Por su parte, la empresa ha “subido” una fría, corta y
amorfa nota sobre la “investigación” que
soporta Cofely. Sus explicaciones tienen un extraordinario parecido con las ofrecidas
por el Partido Popular. Empresas y políticos. No se entiende a los unos sin los
otros. Son inseparables y forman el núcleo duro del sistema.
Resulta patético escuchar estos
días a los políticos pidiendo perdón (forzada y tímidamente) a los ciudadanos,
ofreciendo nuevas medidas contra la negra corrupción enraizada en sus respectivos
partidos políticos. Se trata de un insulto permanente a la ciudadanía, pues
incluso los corruptos ya sentenciados entre sus filas reciben cariñosos
“indultos. Es el caso de Jaime Matas (Ex – ministro de Medio Ambiente del
Partido Popular), inicialmente condenado a seis años de prisión, que, tras 95 días de
encierro, ha recibido el Tercer Grado de manos de su colega, el Ministro de
Interior. El corrupto convicto está en la calle desde el 4 de noviembre.
La realidad de la corrupción es
tan simple y deslumbradora que ciega a la mayoría. Con una luminosa Ley de
Transparencia y con listas abiertas en las elecciones se cerrarían el paso a
los ladrones y se desmoronaría la opacidad de tantos contratos plagados
de trampas y cláusulas de confidencialidad. Con los ayuntamientos y parlamentos
ocupados por ciudadanos libres, convertidos en concejales y diputados que
revuelven cajones y archivos, publicando contratos y decisiones a los cuatro
vientos, es como se combate eficazmente la corrupción.
Dicen algunos que la
corrupción puede acabar con la democracia. La realidad es que la democracia termina
con la corrupción. La solución nunca llegará con normas dictadas por los
propios corruptos y desde el interior de un sistema que estimula la podredumbre.
Un sistema donde los intereses de las corporaciones privadas contaminan los
bienes públicos y las personas. Donde la ética consiste en proteger y perdonar al amiguete, aunque sea un ladrón convicto. La respuesta a las mafias es más libertad, más democracia
participativa y absoluta transparencia.
El caso de GDF Suez es otra actuación empresarial ensuciando lo público. Lo grave es que las verdaderas
políticas de ahorro, eficiencia, independencia y seguridad energéticas de la
sociedad española, las políticas de reducción de emisiones contaminantes y
lucha contra el cambio climático, molestan y perturban los intereses de las
grandes empresas y corporaciones. Son ellas las que están realmente al mando y
las que, como en el caso de GDF Suez, en un intento de lavarse la cara (Greenwashing) intentan vender una
fraudulenta eficiencia energética.
La democratización de la
energía es una imperiosa necesidad. La hoja de ruta señala, entre otras cosas,
la extensión y fomento de la energía fotovoltaica y eólica, doméstica y local;
la implantación del autoconsumo (particular, comunitario, municipal,
empresarial,…), la masiva rehabilitación energética de los edificios y la inmediata
instalación de redes eléctricas inteligentes. Lo exige el sentido común. Lo pide Naciones Unidas. Lo sugiere Europa.
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