LA MARCHA POR EL CLIMA

Y REINO DE ESPAÑA

Con los peores de la clase

Planta termosolar de Abengoa. Tecnología española censurada

La mayor quiebra empresarial española, la de la ingeniería Abengoa, forma parte del lodazal energético nacional. Con una deuda abultada y una gestión empresarial infumable, Abengoa tenía los días contados desde 2010. Su sentencia de muerte fue firmada cuando el gobierno de entonces (socialista) empezó a reducir las subvenciones a las energías renovables.

A partir de 2011, el nuevo gobierno (derechista) remató esas subvenciones y arruinó a toda empresa que trabajara en energías renovables y en  sistemas sostenibles. Abengoa es la mayor de todas y su "calculada" quiebra nos demuestra que las políticas energéticas nunca son inocentes. Lo de quiebra "calculada" parece evidente, ya que sus directivos no son idiotas y, al parecer, empezaron a vender sus más valiosos muebles hace varios años y a sacar su propiedad y gestión fuera del país. Un "alzamiento preventivo de bienes", como expresaría un jurista.

Independientemente de cómo se defiende o se protege el Capital de las acechanzas de otros rivales, el embrollo financiero de Abengoa nos muestran que, cuando beneficias fuertemente a los combustibles fósiles, enfermas y acortas la vida de los ciudadanos, aceleras en cambio climático, creas un severo déficit democrático, fuerzas la quiebra de empresas y contribuyes a enriquecer a los criminales de Oriente Medio

El plan estaba claro. En el Reino de España, potenciar energías diferentes a la nuclear y a la obtenida mediante combustibles fósiles atacaba los intereses de tres corporaciones muy concretas: el lobby eléctrico, el lobby petrolero y el lobby de la automoción. Las tres habían encontrado en los sucesivos gobiernos pseusocialistas y de la derecha aliados complacientes y agradecidos.

Los resultados de la política energética española perpetrada desde hace más de una década, se muestra a plena luz en vísperas de la apertura de la COP 21 en París. En los encuentros internacionales que protegen el medio ambiente, la España “oficial” nunca tuvo una figura tan triste. Ni una propuesta, ni una sugerencia o iniciativa. Solo un arrastrar los pies con infinita desgana, tratando de pasar desapercibida mientras incumple los compromisos europeos en la materia y se sitúa como el estado miembro con más infracciones a la normativa ambiental europea.

Al lado de la oscura presencia española, otros son los protagonistas que brillará con luz propia en la COP 21 de París. Uno será la denominada Sustainable Development Solutions Network (SDSN) que, bajo el amparo de Naciones Unidas, moviliza a expertos y científicos del mundo universitario, de la sociedad civil y del sector privado para encontrar soluciones al desarrollo sostenible a nivel global.

Su proyecto DDPP (Deep Decarbonization Pathways Project) engloba a personalidades de 16 naciones, responsables del 70% de las emisiones globales: Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Italia, Alemania, India, Indonesia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. El Reino de España no aparece en la lista, y con razón.

En estas semanas, la conocida consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) publicaba el informe “El cambio climático en España, 2033. Hacia una economía baja en carbono”. Un documento de 120 páginas que sitúa a España a la altura de nación europea sucia y atrasada en materia de emisiones, con una previsión de aumentos de los gases de efecto invernadero hasta 2033 de un 83%. La cifra señala que estamos ante un escenario de emisiones muy superiores a los objetivos de la Unión Europea.

El fracaso español es desmenuzado por PWC, calculando que en el año 2020, el Reino de España superará en un 9% los objetivos comunitarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo verdaderamente inédito es estar ante un país en recesión, deflación, estancamiento, con crecimientos de PIB mínimos o negativos y que, sin embargo, está aumentando sus emisiones a tan elevado ritmo.

Pero lo hace porque suspende en todas las políticas energéticas sectoriales. En la del transporte, ya que potencia el transporte por carretera y el coche privado en las ciudades, al tiempo que reduce o congela el desarrollo del ferrocarril convencional. En la construcción, dejando en mínimos la rehabilitación energética de viviendas y despreciando la adopción de normas técnicas de construcción avanzadas. En la industria, abandonando las tecnologías limpias en favor del desarrollo sucio. En la agricultura, con uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos que potencian las emisiones. 

Pero es en el sector energético donde el fracaso ha sido más abultado, al castigar el necesario impulso masivo a las energías renovables, favoreciendo la continuidad de las subvenciones a las energías fósiles. Hasta el carbón se ha visto beneficiado a causa de sus bajos precios en Australia e Indonesia, potenciando las importaciones españolas con destino a centrales térmicas eléctricas.

El resultado es un incremento del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero registradas en el año 2014, cifra puesta de manifiesto hace una semana escasa. El dato coloca a España en el pelotón de los idiotas de clase, junto a Bulgaria, Letonia y Chipre, estados miembros de la Unión Europea que también brillan por sus incumplimientos y sus crecientes emisiones.

Al mismo tiempo, el Plan de Energías Renovables propuesto por el Reino de España hasta 2020, sigue apostando por alcanzar los 84 GW instalados, básicamente mediante energía solar y eólica. En realidad se trata de un sueño imposible pues ahora mismo estamos en 33 GW y no hay datos que induzcan a pensar en la intención de instalar los 51 GW que faltan.

Hace unos días, en la efervescencia que precede a la COP 21, la Fundación Nicolas Hulot recordaba los 650.000 millones de dólares empleados cada año, en todo el mundo (el G20 lo cifraba en 450.000 millones) para subvencionar el carbón, el petróleo y el gas en el planeta. Una escalofriante cifra que podía emplearse en potenciar las energías renovables a lo largo y ancho del mundo, especialmente en las sociedades más contaminantes.

Planta solar fotovoltaica en las colinas de Ruanda

La posición del Reino de España en París será incómoda. Si yo fuera su representante seguiría las sesiones desde la barra del bar, lejos de las miradas. Así no sentiría vergüenza ante el brillo de naciones como Marruecos y sus prodigiosos avances en energía solar térmica. También destacarán Portugal y Escocia con sus energías marinas, la paupérrima Ruanda y su planta solar fotovoltaica, la más grande de África, o Kenia y su programa solar autosuficiente, que abastecerá al 50% de la población el electricidad fotovoltaica.

Mejor no sonrojar al personal con la proeza de Uruguay, una nación que actualmente obtiene el 94,5% de su energía eléctrica de fuentes renovables (hidroeléctrica, solar, geotermia, biomasa y eólica). Precisamente la firma española Abengoa fue la responsable de fabricar e instalar el campo eólico Peralta I, en el centro del país, al que seguirá el Peralta II, esta vez con ingeniería alemana. En Uruguay se acabaron hace tiempo las subvenciones al carbón y hoy mira por encima del hombro a los idiotas españoles y su podrido sistema energético.

La mejor marca que podría exhibir el Reino de España en la materia es el incremento del 10,23% registrado en el precio de la factura de la electricidad entre los años 2011 y 2015. Poca cosa, comparado con el incremento del 83% ya soportado desde 2003 hasta ahora y que va seguir creciendo. Aumentará aún más, porque las compañías comercializadoras de energía eléctrica en España anuncian que subirán sus márgenes el 30%, gracias al nuevo y estupendo sistema de recibo de la luz, organizado por el gobierno y los lobbies eléctricos.

Hay que estar presente en la Marcha del Clima del 29 de noviembre organizada en cada ciudad del planeta.