AZNALCÓLLAR

Celebrando un “Día Internacional" del medio ambiente

Aznalcóllar 1998

La peste de Aznalcóllar retorna a la diminuta y cateta memoria colectiva del reino de España. Una memoria pequeña, como corresponde a un reino poblado de ilectos e idiotas. Al menos, así deben considerarnos los rubiacos empresarios suecos de Boliden, empresa propietaria de la concesión minera de Aznalcóllar y causante de uno de los mayores vertidos contaminantes que se recuerdan en Europa.

Han pasado veinte años desde que los primeros informes técnicos advirtieran del peligro de rotura en la balsa gigante de almacenamiento de lodos tóxicos de Boliden (1995).  Una balsa recrecida sin control y donde se vertían venenos ajenos a la propia explotación minera, ante la ceguera y la pasividad de la Junta de Andalucía (PSOE). 

Se nos han ido por entre los dedos diecisiete años desde que la balsa se rompiera, inundando de venenos persistentes un sector del Parque de Doñana (1998), joya de los espacios naturales europeos. En 2002, el Consejo de Ministros (Partido Popular) del reino impuso una multa de 45 millones de euros a la empresa Boliden, que se apresuró a anunciar que no pagaría.

En 2004, la Junta de Andalucía (PSOE) reclamó 90 millones de euros a Boliden, para compensar los gastos de limpieza. Boliden tampoco los pagó, gracias a oportunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo del reino (2011). Ahora, la Junta de Andalucía (PSOE) adjudica el yacimiento de Aznalcóllar y sus mierdas a otra empresa minera contaminadora (catástrofe de Sonora - México, 2014) y en medio de denuncias judiciales por supuestas y extraordinarias irregularidades concursales por parte de las autoridades regionales.

Cuando faltan 48 horas para celebrar el Día de los residuos, del reciclaje o algo parecido, recordar la miseria de Aznalcóllar es oportuno y, además, está de actualidad. Como señala el investigador Javier López Linage (CSIC), en momentos de crisis ambiental en España se sigue la estrategia latina, donde, principalmente, «se busca ocultar con rapidez el conflicto social o amortiguarlo con cantidades arbitrarias de dinero público, bajo el pretexto de indemnizar rentas de trabajo y de explotación a agentes económicos potencialmente problemáticos.»

Estas palabras fueron pronunciadas en Santiago de Compostela por López Linage en el año 2003, tras el vertido masivo del “Prestige”, resaltando entonces que “el sistema administrativo y jurídico no funciona y eso, en la práctica, significa la protección efectiva de los intereses industriales y financieros por encima de otros valores sociales; por encima de eso tan etéreo, pero, al tiempo, tan identificable siempre como el bien común”.

Esta es la doctrina que ha guiado las políticas ambientales españolas, a pesar de las Directivas comunitarias sobre medio ambiente, nunca bien miradas por los políticos más sucios e ignorantes. Estamos a dos jornadas del Día Mundial del Medio Ambiente y la situación ambiental empeora en España. El único alborozo manifestado por algunos medios de comunicación es que el reino bate un récord de Banderas Azules en sus playas. Unos trapos azules entregados a los ayuntamientos por la empresa privada que los vende.

Entre tanto, Vigo sigue sin depurar sus aguas fecales y la playa de Suances (Cantabria) sigue recibiendo el mercurio de las plantas químicas de Torrelavega. Los millones de euros de multa y compensación reclamados a la minera Boliden han sido como el papel mojado, pero el actual gobierno del reino, todavía en manos del Partido Popular, redacta otros papeles que añaden unas gotas de desprecio al ciudadano.

Son las multas previstas en el borrador de normativa energética que prepara, desde hace meses, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, destinadas a los ciudadanos o empresarios que no declaren sus paneles fotovoltaicos para autoconsumo eléctrico. La sanción llegaría a los 60 millones de euros, muy por encima de la impagada multa de 45 millones a Boliden y su riada tóxica. El doble de cuantía que por abandonar material radioactivo (30 millones) en cualquier lugar público. Diez veces más que la multa prevista para empresas alimentarias que utilicen substancias tóxicas dañinas para la salud en sus productos de venta al público (600.000 euros).

¿De dónde surge esta aberración? Nace del miedo. Del pavor que despierta entre los dirigentes de las corporaciones eléctricas y sus políticos amaestrados la posibilidad de que los ciudadanos sean energéticamente independientes. La temible posibilidad de que la democracia se extienda y profundice. El pánico a que los ciudadanos reaccionen, se agrupen y cooperen entre si.

Otra explicación: causar un destrozo ambiental como el de Doñana, irradiar a la población con radionucléidos, envenenar a niños con leche adulterada, extender el cáncer con el descontrol de los productos químicos serían delitos que atentan contra las personas, su salud y su futuro. En todo caso serían "malas prácticas comerciales". Pero las personas no figuramos entre las prioridades del sistema, salvo durante la semana previa a unas elecciones. Sin embargo, atentar contra los colosales beneficios económicos de cuatro empresarios es un crimen que merece la mayor de las sanciones.

El resultado para una nación donde el sol luce con inusitada fuerza es que el reino de España instaló 22 Mw de potencia fotovoltaica en 2014, mientras que Francia puso en marcha 1.000 Mw y en el Reino Unido, nación de brumas y lluvias, creció en 2.270 Mw.

Se acerca la fecha de las elecciones regionales y municipales, a las que concurren los dos grandes partidos (PSOE y PP), perfectamente enjaezados y con el bocado bien sujeto a las mandíbulas, llevados dulcemente de las riendas por empresarios y financieros. Para un patriota que ama a su país, votar cualquier alternativa democrática capaz de sacar de las instituciones a los representantes de estos grupos, tan profundamente carcomidos por la corrupción, la soberbia, la ignorancia y la avaricia, es una urgencia nacional.

Viene al caso la frase de Epicuro que Javier López Linage incluye en uno de sus magistrales artículos sobre el Plan Hidrológico Nacional (2002) y sus delirantes trasvases: «nada es suficiente para quien lo suficiente es poco» 

ESTO NO ES LO QUE PARECE

Paradojas del clima y del idioma

Temperaturas en el Reino de España el miércoles 13 de mayo de 2015
(Cortesía de AEMET)

Miércoles 13 de mayo de 2015. En el sur de la región de Madrid se rozan los 40º C. Más abajo, en Sevilla, disfrutarán hoy de 41º C y en Bailén, escenario en 1808 de la batalla que perdieron las tropas de Napoleón frente al general español Castaños, se superarán los 42º C.

Un periódico de tirada nacional se hace eco de este curioso fenómeno climático que nos trae temperaturas propias del mes de julio en la segunda semana de mayo: la culpa la tiene el anticiclón de la dorsal atlántica. Además, según argumenta un técnico de nuestra AEMET (Agencia Española de Meteorología), lo que está viviendo el Reino de España en estos días “no” es una ola de calor.

Aunque el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española 21º edición) recoge la voz “ola” como “fenómeno atmosférico que produce variación repentina en la temperatura de un lugar”, la actual “ola de calor” no lo es porque no se comporta como tal ola, al llegar repentinamente y terminarse en breve plazo. Según el técnico, para ser una ola de verdad, debería llegar, establecerse varios días con nosotros y luego retirarse, comportándose como una especie de “marea”, no como una fugaz “ola”.

Con esta fabulosa I+D+i, con esta castiza interpretación de la ciencia y esta manipulación del idioma deberíamos estar arrasando. Menos mal que la NOAA norteamericana lo avisó hace unos meses, al predecir para la península Ibérica un verano seco y muy caliente. Esto debe ser el preámbulo de un inolvidable verano.

Si no estamos ante una ola de calor, sino viviendo un capricho térmico de la “dorsal atlántica”, lo del cambio climático debe ser un contubernio. Cada vez estamos más divertidos con esta gente que nos gobierna a todos los niveles y en todas las latitudes. Como muestra un botón.

Hace un mes, la Fundación Bill y Melinda Gates (Microsoft), se sumaba a la campaña “Keep it in the ground” lanzada desde el diario "The Guardian", promoviendo la desinversión en activos financieros ligados a los combustibles fósiles. Se trataría de dejar enterrada en el subsuelo la mayor cantidad posible de petróleo y carbón, para así frenar las calamitosas consecuencias del cambio climático y estimular, con los fondos desinvertidos, la expansión de las energías renovables.

Como es natural, tuve la deferencia de adherirme a la causa junto con otras 200.000 personas del mundo mundial (balance de firmantes a 12 mayo 2015). Lo maravilloso fue, pocas semanas después de la adhesión, la recepción de una atenta carta de la Fundación y The Guardian. En ella, se me instaba a aportar ideas, sentimientos y palabras que pudieran se empleadas en la dicha campaña.

No hacen falta más ideas porque ya está la ciencia diciendo lo que se avecina. La petición es una solemne memez. Lo que se necesita es más cultura, más formación, más criterio y, sobre todo, más democracia. Para frenar el cambio climático se precisan votos que frenen, moderen y humanicen el actual y desenfrenado capitalismo corporativo que atenta contra la naturaleza, la salud humana, los recursos de nuestros nietos y el clima en cada momento y con la complicidad, estúpida o interesada, de los políticos. 

La mejor forma de medir el actual déficit democrático es comprobar el desinterés generalizado de los políticos hacia el destrozo de nuestro medio ambiente y hacia la locura que nos prepara el clima global. Un desprecio que no duda en pudrir el idioma y que sigue burlándose del ciudadano con la mayor desvergüenza y con la boba complicidad de muchos medios de comunicación.

"OLEG NAYDENOV"

Con las manos en la masa

El "Oleg Naydenov", en el año 2010, sobre las gradas de Astican (Puerto de La Luz - Las Palmas de Gran Canaria) para hacer sus reparaciones y sus mantenimientos periódicos. Su nombre es visible en la aleta de estribor

La pesca ilegal, no documentada y no regulada (INDNR), internacionalmente conocida como pesca IUU (Ilegal, Unreported and Unregulated) es un azote para el Derecho internacional, una fuente de soborno y corrupción, una actividad mafiosa que golpea a las naciones en desarrollo y saquea los océanos, una afrenta a los derechos humanos porque, en ocasiones, usa tripulaciones esclavizadas, y es una pesadilla para los pescadores artesanales más pobres. Hoy nos anuncian que un cliente habitual del puerto de Las Palmas de Gran Canaria (Reino de España) se ha hundido. Es el enorme arrastrero factoría ruso “Oleg Naydenov”, tripulado por 62 rusos y 23 africanos, arrasado por un pavoroso incendio.

Lo de “arrasado” y “pavoroso” es muy de novela, pero describe bien el estupendo del fuego que se ha propagado por el buque, hasta el punto de ser imposible apagar tanta llama. Después de horas vertiendo cientos de toneladas de agua sobre los 136 metros de eslora del buque, y mostrando una escora a babor de 11 grados, las autoridades españolas se han debido decir: “Este bicho no se apaga y se està llenando de agua, terminará dando la voltereta y se nos hundirá en pleno puerto de La Luz dejándonos un marrón de cuidado. El Señor no lo permita”.

El escorado buque factoría ruso arde furiosamente en mar abierto, alejado del puerto por remolcadores y vigilado por unidades de Salvamento Marítimo. Destaca la extensión del incendio, propagado de proa a popa. La fea humareda negra procede de la combustión de las redes de pesca (fibra sintética), estibadas a popa. 

Así que se lo han llevado a rastras a una decena de millas al sureste de Gran Canaria y allí, discretamente, se ha despedido envuelto en la humareda sin el llorado adiós de sus trabajadores agitando pañuelos. Ahora reposa a más de dos mil metros de fondo con casi 1.500 toneladas a bordo de fuel pesado (HFO - 380) y otros miles de litros del gasóleo utilizado en los generadores Diesel.

No deberíamos derramar lágrimas por el panzudo “Oleg”. En 1990 empezó su vida dignamente en los astilleros Volkswerft de Stralsund (Alemania), hoy rebautizados como Nordic Yards Stralsund. Debió ser una de las últimas construcciones del astillero estatal (República Popular Alemana), antes de su privatización tras la reunificación del país. Se bautizó con el nombre de “Leonid Galchenko” y se puso a trabajar para la naviera Murmansk Trawl Fleet Co (Federación Rusa). En 2006 fue rebautizado y trabajaba en comandita con su colega “Kapitan Boromolov”. En febrero de 2012 fue descubierto pescando sin permiso en aguas de Senegal. En enero de 2014, un avión militar francés le sorprendió en idéntica situación, fue apresado por la marina militar senegalesa y conducido al puerto de Dakar.

El "Oleg" trabajando con el nombre enmascarado mediante paneles móviles. Se pueden apreciar las dos últimas letras del nombre "... NOB" escrito en caracteres cirílicos, lo que señala una foto antigua

En Senegal no tienen simpatía por estos mastodontes de los océanos. El “Oleg” es capaz de pescar 18.000 toneladas de peces al año que en sus entrañas congela y empaqueta. También fabrica 5.800.000 latas de conserva y llena varios miles de sacos de harina de pescado, elaborada con tripas y espinas . Sus presas son sardinas y pequeños peces pelágicos que atrapa al arrastre (peces forraje), con gran dolor para los pescadores artesanales locales cuyas capturas y alimento diario consiste, en un 80%, en esos peces cuyas poblaciones están sobreexplotadas.

Tras la detención del buque hace más de un año, los rusos más soviéticos se rasgaron las vestiduras en un lamento ofendido. Según relataba el diario Pravda, próceres de la Duma aseguraban que el apresamiento del inocente buque se debería a las insidias del Eje maligno Paris – Washington – Dakar – Greenpeace. Finalmente, el 16 de enero de 2014  el “Oleg” fue liberado. Difícil saber si tuvo que abonar los 832.000 dólares de multa propuesta.

El buque recaló en el puerto canario de Las Palmas el 3 de marzo de 2015 para sus aseos y reposos. Tenía la intención de zarpar en breve hacia aguas de Mauritania, pero un oportuno incendio ha estropeado su viaje. Ahora quizá dirán en el Pravda que Madrid se ha unido al Eje maligno.

Imagen de Greenpeace, donde unos voluntarios tratan de arrancar la máscara que oculta el nombre del "Oleg Naydenov" mientras trabaja (lleva los artes desplegados, como indican los cables que surgen de la popa). Los casi cien hombres de la tripulación no se asoman por la borda, a pesar de que están siendo incordiados. En esta ocasión el panel de enmascaramiento entona más con el color del casco. A la derecha, el viejo nombre, más grande, ha sido oportunamente manchado y medio borrado. El buque tiene una carga de trabajo de 257 días de faena al año.

Un pirata menos. ¿Debería escribir “presunto pirata”? Tengo serias dudas después de ver dos retratos de su rechoncha popa, tomados en alta mar y en plena faena, donde aparece con su nombre ensuciado y enmascarado para evitar ser identificado por las autoridades. Los buques de pesca ilegales hacen esas cosas, igual que los ladrones se tapan la cara en los atracos.

No faltarán voluntarios que cubran el hueco dejado por “Oleg” en las filas de los piratas. No es el primer buque acusado de piratería que se hunde de forma rápida y sin causar daños personales. Algún político ruso, como los que lamentaban en Moscú el último apresamiento, afirmaba que los recursos naturales de mar están escaseando cada vez más, que las aguas africanas son todavía un buen cazadero - caladero y que… tonto el último.

¿ECOESCÉPTICO?

Residuos al límite de la paciencia

Bellos y occidentales recicladores en Ecoembes

Al parecer, soy uno de tantos ecoescépticos que recelan de la entidad denominada Ecoembes. Para quienes todavía no saben lo que es Ecoembes y sus campañas de reciclado tengo mucho gusto en explicarlo en pocas frases. Se trata de una asociación de empresas privadas que nos venden productos o alimentos dentro de sus embalajes.  Al subrayar la palabra sus, llamo la atención del consumidor sobre el hecho de que al comprar en el supermercado un bote de plástico conteniendo champú pagamos por el contenido, pero no nos convertimos en propietarios del bote, ya que el recipiente sigue perteneciendo al fabricante del champú.

Cuando se nos acaba el champú, el bote vacío debe retornar a su propietario, el fabricante que lo ha puesto en el mercado, para que éste haga con él lo que le indica la ley. La ley española, que deriva de una Directiva europea, le dice que lo debe reutilizar, o transformar en otra cosa, o quemar para obtener energía, o depositar en un lugar donde nunca cree problemas al medio ambiente. Este sistema de recoger y tratar los envases y sus residuos se llama Sistema Integrado de Gestión (SIG).

La asociación privada Ecoembes aparece como un elemento básico del SIG, instalando contenedores propios por las calles donde almacenar sus envases, que en el Reino de España se distinguen por su color amarillo. El otro elemento básico del SIG es la buena voluntad del consumidor, estimulado o “concienciado” para que juegue su gran papel de separador, seleccionador y transportador de los envases propiedad de las empresas asociadas en Ecoembes hasta el contenedor más próximo. Sin la ayuda diaria del ciudadano el SIG se desmorona.

En estos últimos días se agita la campaña de Ecoembes bajo el sugerente título “Creados para reciclar”. El argumento es simple: seres humanos etéreos y angelicales, casi transparentes, rubios y de piel sonrosada se funden con bellos paisajes de bosques y montañas. “Hemos sido creados para reciclar”. Un sopapo doctrinal para quienes sigan pensando que hemos sido creados AMDG (A Mayor Gloria de Dios). Esto es así porque la Tierra, aún contando con su inmensa sabiduría y esa sabia perfección donde nada se desperdicia, obtenida en millones de años de evolución y adaptación, la muy cretina no sabe todavía reciclar nuestra mierda.

En realidad, la imagen de seres humanos transparentes nos señala como inocuos. Parece insinuar que estamos sobre la Tierra como un soplo inocente de brisa. Si fabricamos pesticidas, si llenamos de plástico los océanos, acumulamos tóxicos persistentes en el suelo, destruimos la biodiversidad  y ensuciamos el aire, no es porque seamos una sucia plaga gobernada por gente sucia, sino porque la Tierra es idiota. Una retrasada sin tecnología que no se adapta a nuestra estupenda sociedad de consumo.

Nosotros (Ecoembes) estamos aquí para ayudar a la estúpida Madre Tierra, para auxiliar a la torpe Madre Naturaleza que no sabe literalmente qué hacer con el venenoso hexaclorociclohexano (Lindano) esparcido por Bilbao y Sabiñánigo, con el siniestro Bisfenilo A que anida en las latas de conserva, con una mortífera radiación de Plutonio o con el poliestireno de la bandeja que guarda nuestras pechugas de pollo cargadas del campylobacter, todos ellos fabricados por los divinos seres rubios del anuncio. Una campaña para descerebrados.

La telenovela emitida por Ecoembes coincide con los datos publicados por Eurostad (Oficina de estadísticas de la Unión Europea), donde el Reino de España sigue reciclando menos de lo previsto y plantea serias dudas ante el horizonte de 2020. Para algunos firmes defensores del SIG, esos datos están equivocados y en realidad reciclamos mucho más. Lo que pasa es que en Eurostad nos tienen manía o son idiotas que usan datos contradictorios.

Lo más bonito que nos dicen en Eurostad es que reciclamos el 66,5% de los envases depositados en los contenedores. Un porcentaje sobresaliente y que supera a los mostrados por Noruega, Suecia y Finlandia, lo que invita a la meditación trascendente. Sin embargo, por otro lado nos dicen que solo tratamos correctamente el 30% de todas nuestras basuras (20% de reciclaje y 10% de compostaje), lo que conduce a la perplejidad intrascendente.

Hace décadas que los “Ecoescépticos” ruegan que los porcentajes de envases reciclados que utiliza Ecoembes se refieran a envases fabricados y puestos en el mercado por las empresas adheridas a Ecoembes, no a los envases recogidos. Cada vez que se pide el dato anual total de todas las tarrinas, botellas, botes, latas y garrafas de plástico repartidas por las estanterías del país, el silencio suele ser norma. Personalmente, no dudo que el SIG recicle el 66,5% de los envases que llegan a sus contenedores, pero todos sabemos que en los contenedores no se deposita todo lo fabricado y distribuido. ¿Dónde está el resto?

El problema de credibilidad y eficiencia no es exclusivo del Reino de España. Sociedades europeas más autocríticas han puesto en marcha el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) que dispara las buenas cifras de recogida selectiva y de reciclaje, ya que el envase es “vendido” al consumidor y éste recupera su dinero al entregar el envase vacío para su tratamiento legal. Lo malo del SDDR es que las grandes distribuciones lo detestan, así como los fabricantes de envases.

No obstante, resulta sosegante contemplarnos en la Campaña “Creados para reciclar” como un grupo de semidesnudos espíritus puros e inocentes, incapaces de destruir el clima con nuestras deyecciones y destruir a nuestra propia especie esparciendo alegre y abundantemente perturbadores hormonales y herbicidas como el Roundup de Monsanto (Glifosatos N-Fosfonometilglicina). Una mierda declarada oficialmente hace un par de semanas por el laboratorio IARC – Organización Mundial de la Salud, como substancia cancerígena incluida en el Grupo 1. Tan cancerígena como el benceno, el amianto o la radiación nuclear. Eso sí que no se puede reciclar. 

Es lógico que los ecoescépticos proliferen. 

SEGURIDAD VIARIA y MEDIO AMBIENTE

Las sinergias necesarias

Una imagen de racionalidad

Hay muchas formas para describir nuestra sociedad occidental del momento y una de ellas se parece a un mueble repleto de cajones. Cada aspecto de la sociedad, de la política y de la economía dispone de su particular cajón, pero pocos políticos y gestores son hoy capaces de contemplar el armario completo. La tendencia a la compartimentación en la toma de decisiones se está agudizando desde la implantación del “ideario” único. Una supuesta doctrina donde las políticas se dictan a la medida de la economía de mercado, sustituyendo a una economía al servicio de las políticas. La consecuencia es descoordinación, inestabilidad e ingentes daños.

En los años setenta, en los Estados Unidos se extendió la figura del “analista de sistemas”. Empresas e instituciones buscaban a ciudadanos de mente universal y formación humanista, capaces de abarcar el funcionamiento de completos sistemas empresariales y administrativos. En los años siguientes, esta visión extendida se llamó “sistémica” y ayudó a solucionar no pocas disfuncionalidades en la sociedad. Por esos años también se acuñó el término “ecosistema”, susceptible de desentrañar las complejas relaciones existentes entre los elementos que conformaban un hábitat.

El siglo XXI avanza y el pensamiento único, resumido en el Gobierno de los Mercados, apenas deja espacio a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Lo cierto es que pocas facetas del saber humano son tan dispersas y complejas como es entender el funcionamiento de la biosfera y de los mecanismos que regulan la vida en el planeta. Solamente un buen “analista de sistemas” sería capaz de extraer consecuencias globales a partir de la interacción de numerosos factores locales.

La actual tendencia es la desregulación. Con este principio como guía, de nada sirve tratar de entender la globalidad de un sistema. No interesa conocer las consecuencias a medio y largo plazo de cada actuación singular, ya que prima la inmediatez del resultado. Entonces,  ¿qué sentido tiene meditar sobre la posible destrucción de los soportes vitales del planeta cuando el único propósito es cerrar los ojos ante la deriva de la sociedad humana? Desde la extensión de las religiones brotadas de “El Libro” (judaísmo, cristianismo, islamismo), el objetivo fue civilizar a la sociedad, regularla y humanizarla con ideas como la igualdad, la solidaridad y el respeto.

El exceso de velocidad ha sustituído al razonable "velocidad inadecuada"

Salvo un puñado de excepciones, la sociedad más tecnológica del siglo XXI parece haber perdido estos principios y aspira regresar a las leyes de la selva y del más fuerte. Desregular, liberalizar, se ha convertido en la nueva religión cuyos máximos profetas tiene origen anglosajón. La visión global no interesa. La previsión y el futuro no existen. Lo importante es la máxima especialización en la producción, la bondad del siguiente dato macroeconómico, la avidez en los beneficios, el Casino IBEX en verde y la rapidez en los resultados.

La situación está afectando gravemente a la protección del medio ambiente. Es natural porque la protección ambiental implica control y regulación de nuestros actos, para no terminar por arruinar nuestra propia casa. El cambio climático, con lo que representa de regulación y contención, es un buen ejemplo de enfrentamiento frontal entre el liberalismo inhumano y la civilización humana. Sin embargo, la confrontación tiene facetas insospechadas, como es la seguridad en el transporte.

Desde que empezó el año 2015 se apunta un leve aumento en el número de muertos en las carreteras del Reino de España. Los 9.400 muertos de 1989 se convirtieron en los 5.000 del año 2000 y en los 1.114 del año 2014. Por no pecar de localista, Francia ha vivido un proceso similar de espectaculares descensos en la siniestralidad viaria, achacables a la firmeza en las sanciones, al carnet por puntos y a las restricciones en la velocidad máxima permitida.

En enero y febrero de 2015 los muertos del tráfico en el Reino de España vuelven a ser noticia. Desde las instituciones oficiales, el ligero aumento en el número de muertos en las carreteras es mirado con precaución, esperando a obtener series de datos más completas que confirmen tendencias. Resulta razonable, pero las alarmas están encendidas.

La razón de la prevención puede ser consecuencia de una especie de sorda obstinación en el error. Parece nacer de la repugnancia hacia la norma y de una permisividad “visceral” que coincide con la doctrina imperante y su patético llamamiento a la “libertad” de cada ciudadano de conducir su coche a la velocidad que le da la real gana,mientras no se queje en las calles. Las autoridades neoliberales sugieren aumentos de la velocidad máxima permitida en autovías y autopistas (130 km/h) y limitaciones en carreteras secundarias (90 Km/h), al tiempo que experimentan con nuevos radares fijos y móviles. Sin embargo, los grandes principios de la seguridad viaria siguen fuera de la comprensión de la ciudadanía.

Esos principios universales son meridianamente claros en las sociedades maduras. Los dos primeros son estructurales y están basados en las carreteras y en los vehículos. Si las vías se deterioran por falta de mantenimiento, la seguridad disminuye desde el momento en que el usuario no es capaz de percibir dicho deterioro. Si el vehículo sufre fallos técnicos, las inspecciones obligatorias (ITV) deberían garantizar la seguridad mecánica. Además, los avances tecnológicos en los nuevos vehículos pretenden disminuir los riesgos de accidente, aunque, paradoja, se siguen comercializando automóviles vulgares capaces de rodar a 200 Km/h, aunque no tendrían nunca ocasión de hacerlo sin burlar la ley.

Los principios no estructurales se refieren al comportamiento del conductor y a la estricta aplicación de normas de circulación. Pocas cosas son más frágiles que la percepción que un conductor tiene de la seguridad al volante. Mientras que las campañas publicitarias tienen efectos muy efímeros, hasta el más idiota sabe que reducir la velocidad reduce los siniestros y su gravedad. La tolerancia cero ante la infracción es imprescindible. Juguetear desde la administración con elevar los límites de esa velocidad resulta temerario, ya que induce a la relajación en la norma. De igual forma, anunciar con paneles, dispositivos o carteles la presencia de radares, tanto fijos como móviles, invita a aumentar la velocidad cuando no se anuncia su presencia.

Carreteras secundarias peor mantenidas por recortes presupuestarios y carencias en el mantenimiento de los vehículos por la penuria económica se conjugan con veleidades normativas en la velocidad que son percibidas por el conductor como mayor tolerancia, menor rigor y menor convicción al señalar las verdaderas causas de las muertes.

En realidad, el cajón de la seguridad vial sigue siendo eso: un simple cajón donde políticos de corto alcance rebuscan y trastean sin cesar. Otra vez nos colocamos ante la ausencia de sinergias. Limitar severamente la velocidad no es sólo la forma segura de disminuir los muertos y heridos en la carretera. Es también la forma más inmediata de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y reducir las emisiones de partículas cancerosas (PM).

¡Vaya! Aquí hay una sinergia no suficientemente explorada por miopes autoridades del tráfico, algo lógico en políticos que, sencillamente, detestan el medio ambiente. Pero esas autoridades neoliberales, tan enamoradas del dinero y del PIB, además del cajón ambiental deberían abrir otro cajón. sinérgico Es el de los ingentes daños económicos que causa la siniestralidad en las carreteras.

En Suiza contemplan la siniestralidad viaria de manera global.
Los accidente de carretera cuesta más de 4 mil millones de euros anuales al país

Suiza, nación que aparece profusamente en este blog, acaba de divulgar un estudio federal sobre esos costes en su territorio. En cada accidente, la activación de policías y agentes de tráfico, de bomberos y ambulancias, de grúas y posibles helicópteros para evacuar heridos, supone entre 10.000 y 15.000 euros de gasto. Al coste directo del suceso se suman los daños causados a la infraestructura, la posible reparación del vehículo, la hospitalización, la rehabilitación, la indemnización por el daño, la parada laboral y los lucros cesantes, sin mencionar el coste de una vida truncada.

Según el informe, cada accidente mortal en Suiza puede significar una media de 140.000 euros de gastos a la sociedad helvética. Contando todos los accidentes de carretera del país, cada año supone unos 4.200 millones de euros, lo que equivale al presupuesto anual destinado a la Defensa de la Confederación. Produce escalofríos pensar en lo que significaría para el Reino de España hacer ese estudio.

Bajar la velocidad en las carreteras y autopistas, utilizando para su control efectivo un garrote enorme y erizado de pinchos, no es solamente la forma de que menos personas mueran o queden inválidas de por vida. La sabia medida afecta a otros “cajones” del gran armario nacional, al bajar los consumos, las importaciones de petróleo extranjero, las emisiones que destruyen el clima del planeta y la contaminación del aire que mata a 48.000 europeos cada año. Además, se cerraría la gigantesca hemorragia económica provocada por los siniestros de carretera y por las ingentes enfermedades oncológicas, respiratorias y cardiovasculares en tanta ciudad irrespirable.

Cada vez es más urgente recuperar las olvidadas políticas ambientales  

OYAMBRE PIERDE UN TREN

Las paradojas del medio ambiente europeo

Desde hace más de cuatro meses se encuentra en marcha el bautizado Proyecto ARCOS, financiado por el programa comunitario Life +. El proyecto, liderado por la Universidad de Oviedo (Principado de Asturias – Reino de España) y gestionado desde el Jardín Botánico de Gijón, pretende restaurar, repoblar y regenerar diez sistemas dunares españoles repartidos a lo largo de las costas del Mar Cantábrico.

Los diez sistemas son LICs (Lugar de Interés Comunitario) y forman parte de la Red Natura 2000. El objetivo es recuperar y asegurar la biodiversidad vegetal en estas dunas atlánticas mediante la inyección de más de 1,3 millones de euros, de los que 945.428,- son aportados por la Unión Europea. El País Vasco, Cantabria y Asturias se reparten esta bonita tarta, correspondiendo a Cantabria la regeneración de tres LIC dunares: Berria (ES1300007), Liencres (ES1300004) y Somo (ES 1300005).

Los tres sistemas beneficiados no están escandalosamente deteriorados, a no ser por el deambular de los ciudadanos en verano, la ocasional invasión de los arenales por algunos coches o por la brutal erosión que está afectando a toda la costa atlántica europea. En los tres casos cántabros se trata de dunas que solamente requieren más protección contra aparcamientos salvajes, probar métodos innovadores de captación de arena, extirpar vegetales inapropiados (pinos), la reintroducción de plantas “dunares” autóctonas, para conservar un hábitat prioritario, y el cercado perimetral del área tratada, para evitar el pisoteo.

 

Aunque cueste creerlo, esto es una duna atlántica. La del LIC de Oyambre
Lo que sucede es que está recubierta por un campo de golf privado, con sus greens y hierbas artificiales,
sus bosquetes de pinos y sus estacas. Por aquí no va a pasar el Proyecto Life + ARCOS, ya que se llevaría todo el presupuesto.

En la lista beneficiada por el Life+ ARCOS nos falta un LIC de Cantabria, un sistema dunar atlántico asociado a dos humedales  y que es núcleo de todo un Parque Regional. En efecto, se trata del LIC Rías Occidentales y Dunas de Oyambre (ES1300003). ¿Qué clase de maldición ha dado la espalda a uno de los sistemas dunares atlánticos europeos más contaminados, erosionados, desfigurados y agredidos de la Unión Europea?

La respuesta es fácil. Demasiado destrozado, demasiado desfigurado por intereses privados, demasiados políticos inútiles rondando, demasiadas complicaciones. Oyambre se ha convertido en la imagen más clara de la desidia ambiental española y comunitaria. Si verdaderamente Europa y el Reino de España desearan proteger sus dunas atlánticas, Oyambre sería el gran protagonista del proyecto ARCOS de Life +. Pero el reto es excesivamente grande.

El LIC Rías Occidentales y Dunas de Oyambre es un forúnculo supurante e infecto en plena Red Natura 2000. En su seno se mantienen diques que sedimentan humedades (Dique de SNIACE), se consienten chiringuitos y campings contaminantes, se mantiene activo un campo de golf encima de la duna plagado de plantas ajenas al hábitat, se remueven las arenas de la duna con palas excavadoras para mantener un aparcamiento, se rellenan humedales con piedras para montar encima carreteras, se desvían a sus arenas los purines de varias vaquerías carentes de balsas de retención y se toleran escolleras privadas, a pesar de sentencias judiciales que nadie obedece.

El Parque Regional que alberga este LIC tardó seis años en ver aprobado su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y tiene aún pendiente de aprobar su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), en ausencia del cual se cometen toda suerte de tropelías. El acoso no ha terminado y Oyambre está abandonado a su mala estrella. El objetivo final de los políticos locales y regionales parece ser el permitir y estimular su completa degradación, hasta que se decida retirar la actual protección europea.

ARRIBA - Oriente de Gibraltar - Preparando el relleno (Completado en 2015)
ABAJO - Oriente de Gibraltar - La razón del relleno

  

Otra paradoja y otra agresión a las políticas ambientales comunitarias sigue adelante en la costa oriental de Gibraltar. La pasada semana, el ayuntamiento de la colonia inglesa anunció que entraba en activas deliberaciones para impulsar el proyecto Eastside Bay. En este blog ya se ha comentado la irracionalidad que rodea a este anómalo grano europeo, especialmente en lo que concierne a la protección de las aguas circundantes al ridículo enclave. Les ofrezco un breve recorrido por las últimas estupideces gibraltareñas.

En 2010, la Royal Navy decidió extender su soberanía sobre las aguas españolas, fuente de conflictos permanentes, en supuesta defensa de una Base naval de la OTAN (UK) contra otro miembro de la OTAN (España). El primer conflicto fue el estrafalario lío a costa de unos bloques prefabricados de cemento (fabricados en España) sumergidos en el agua (gibraltareña) para recrecer un antiguo Arrecife artificial (1976). Al mismo tiempo, constructores, empresarios y políticos (españoles y gibraltareños) perpetraban colosales rellenos en la costa oriental del Peñón, importando centenares de camiones españoles cargados de piedras españolas y arenas arrebatadas (compradas) a la duna de Valdevaqueros (Tarifa – Reino de España), con la complacencia del alcalde la localidad.

El gran relleno en las nuevas aguas gibraltareñas (antes españolas), lento pero sin pausa, formaba los cimientos de un magno proyecto inmobiliario del año 2005, consistente en levantar varios rascacielos con 2.200 apartamentos, un hotel de lujo, puerto deportivo para 300 embarcaciones y gran área comercial. Más al sur de la roca, se rellenaba el mar con otros dos largos diques para, supuestamente, proteger de los embates del mar una ristra de apartamentos. Los trabajos de los dos diques, llevados a cabo por una empresa holandesa, se efectuaban en aguas del LIC británico “Southern Waters of Gibraltar”, designado en 2006. Un LIC cuyos límites geográficos el Reino Unido revisó en octubre de 2012, para dar cabida al gran pelotazo inmobiliario.

En 2011, los LICs británico y español se superponían en una doble protección
Pero no es obstáculo para la operación inmobiliaria.

El LIC británico recortado recientemente a favor de Eastside Bay

En noviembre de ese preciso año, la respuesta española fue considerar el LIC (ES6120032) “Estrecho Oriental”, previamente designado en 2008, como Zona de Especial Conservación (ZEC).  La protesta del Reino de España ante la Comisión Europea, por el proyecto de rellenar y construir en las aguas de un LIC y una ZEC, fue rechazada por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, M. Janez Potocnik, oriundo de Eslovenia. Al parecer, la actuación era compatible con la conservación del hábitat marino y sus especies.

El señor Potocnik es el mismo individuo que en 2010, durante su toma de posesión, clamaba contra la acelerada pérdida de biodiversidad en Europa. El mismo que, a comienzos de 2015, clamaba contra la mala gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Otro de los interesantes rellenos de Gibraltar, esta vez al sur de Eastside Bay,
 realizado para proteger del mar la hilera de casitas.
Pero una mirada atenta descubre la curva que empiezan a dibujar ambos diques, uno en busca del otro. ¿Llegarán a encontrarse? ¿Querrán crear una gran piscina artificial para criar doradas?.
Observando la dirección del oleaje se entiende que bastaría con el dique sur ( a la derecha) para contener los temporales de levante. El innecesario dique norte (a la izquierda) debe ser para frenar las olas generadas por los niños españoles  al bañarse en la playa de la Atunara, a menos de un kilómetro. Veremos en qué acaba la obra.

En marzo de 2015, el proyecto Eastside Bay de Gibraltar navega viento en popa. Con el Reino de España silenciado, los gestores de Gibraltar negocian con la empresa inmobiliaria Armada Group (Dubai – Emiratos Árabes Unidos) y con la australiana Fender Katsalidis, la construcción sobre los estupendos rellenos del LIC. Los promotores confían en que la FIFA homologue el campo de fútbol, incluido en la operación, donde celebrar grandes eventos futboleros. Además, para evitar congestiones del tráfico rodado, se proyecta la construcción de un túnel que atraviese la Roca para enlazar esta especie de nuevo Mónaco con el centro urbano de Gibraltar.

No puede negarse que la protección de la biodiversidad europea está en manos de los mejores y más preparados.  

AUTOVÍAS DE PEAJE

El triunfo de Kafka

El pasado fin de semana leía en la prensa nacional una preocupante noticia. La mayor organización de las empresas privadas de construcción y gestión de infraestructuras del Reino de España (SEOPAN), proponía al gobierno un plan de construcción de nuevas infraestructuras, cifrado en 66.500 millones de euros. Como los asociados no son estúpidos y conocen la deuda galopante de la nación (el 100% del PIB), sugerían que la mitad de ese presupuesto saliera del bolsillo de los particulares y se destinara a la rehabilitación y la eficiencia energética de edificios y viviendas. Aún más, proponía al Gobierno instaurar peajes en las autovías gratuitas del país, es decir, en las que fueron construidas con la ayuda económica de la Unión Europea (FEDER – Fondo de Cohesión).

Algunas ideas de SEOPAN tienen sensatez, como es reparar las carreteras deterioradas, adecuar líneas de ferrocarril para el transporte de mercancías, mejorar los accesos a puertos y ciudades o construir nuevas depuradoras de aguas fecales para que Europa no nos multe por cerdos. Lo inaceptable sería insistir en construir nuevas autopistas, nuevas líneas de alta velocidad ferroviaria (AVE), nuevos aeropuertos o nuevos complejos urbanos, como el Plan Chamartín – Madrid. Sobre todo en un país con casi un millón de casas vacías, 100.000 de ellas declaradas definitivamente invendibles y que, aunque son nuevas, están destinadas a la demolición. Parece ser que la ciudad de El Cairo ha sentido envidia y también acaba de presentar su propia paranoia urbana: "The Capital Cairo"

La Operación Chamartín, ideada por bancos,  constructoras y políticos.

La Operación "The Capital Cairo", ideada por bancos, constructoras y políticos

En realidad, el mayor capítulo de las ideas de SEOPAN es el relativo a la rehabilitación de edificios y su adecuación energética. Un programa de eficiencia que Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, Italia y otras naciones llevan adelante desde hace años, estimulado por los gobiernos respectivos con ayudas y créditos blandos. Pero los 32.000 millones de euros destinados a financiar este 50% del programa y pensados para ahorrar energía, no es lo que cualquier Gobierno desearía. Desde luego no por el actual, entregado en manos de las corporaciones energéticas, adicto a las energías fósiles y alérgico a cualquier sistema que genere electricidad de forma limpia y que aproveche los recursos del país.

Para que SEOPAN llegara a convencer al Gobierno, éste tendría que estar hecho de otra pasta. Tendría que disponer, por ejemplo, de una estrategia energética nacional de independencia y seguridad del abastecimiento y de freno al cambio climático basada en las energías renovables. Tendría que contar con una avanzada estrategia de transporte económico y sostenible, urbano e interurbano, fundamentado más en medios colectivos y menos en vehículos privados. Finalmente, tendría que regirse por una innovadora política fiscal ambiental centrada en el consumo de recursos naturales, en lugar de una política fiscal basada en las rentas del trabajo de las clases media y baja. 

Un ejemplo de tasación ambiental es la aprobada reforma fiscal en Suiza (13 de marzo de 2015) con nuevos impuestos sobre los combustibles fósiles y la energía eléctrica. La reforma, que carga un buen puñado de céntimos a cada litro vendido y cada kW facturado, se destina a sufragar el programado apagón nuclear helvético y a financiar la expansión de las energías renovables hasta el año 2040. 

¿La radial R5 a su paso por la trastienda de Móstoles?
¿La radial R2 en dirección a Madrid)
Podría ser, vista la aglomeración de vehículos. Pero es la fabulosa autopista de Naypydaw, nueva
capital de Myammar (antes Birmania), construida por unos generales de derechas de toda la vida y sus
socios constructores. Hay idiotas en todas partes.

En cualquier caso, resulta ridículo, inoperante y poco creíble que desde una organización como SEOPAN nos pretendan señalar el camino de la sostenibilidad y del sentido común. Verdaderamente, sus propuestas inversoras serían el síntoma de un acceso de cordura poco acostumbrado. 

El papel de las empresas constructoras en la vida del Reino durante en los últimos treinta años está todavía por escribir. A veces surgen tragedias, como la "Burbuja Inmobiliaria" que ha arruinado a la sociedad española de la mano de estúpidos políticos, constructores y "consultings". Otras mueven al desconsuelo, como las llamadas autopistas de peaje radiales de Madrid, vacías de coches y en perfecta quiebra. Tramadas por políticos, bancos y constructores (asociados en SEOPAN), las autopistas fantasmales se han revelado como prueba de la sintonía entre unos pocos en perjuicio de la mayoría. Son la prueba  de que la construcción de infraestructuras puede ser un fin en sí mismo y, en caso de fracaso final, repercutir la deuda entre todos los ciudadanos.

La autopista de peaje radial R5, (Madrid - Navalcarnero) acumula 1.600 millones de euros de pérdidas que pagaremos los españoles con nuestros impuestos. 

Hace algo más de cuarenta años, el Ministerio de Obras Públicas del Reino (ahora Ministerio de Fomento) estaba presidido por un inteligente y notable abogado llamado Gonzalo Fernández de la Mora. Para definir el gobierno al que servía, presidido por el general Franco, el ministro utilizó la expresión “Estado de las Obras”. Su intuición fue de gran sagacidad pues, medio siglo después, la hermandad entre empresas particulares y el Estado se ha perfeccionado al máximo y funciona con la precisión de un reloj suizo. Y no solo en el Reino de España, sino en la tecnocrática Frankfurt donde políticos, bancos y constructores han despilfarrado en la construcción de un enorme rascacielos, sede del Banco Central Europeo que impone austeridad suicida a los ciudadanos.

El problema de esa especie de comunidad de intereses es que deja de lado el bien general, convirtiendo las  políticas del Estado en acciones meramente “infraestructuralistas”. La construcción (SEOPAN) como ideario, como medio y como objetivo final. Lo importante es la decisión política de construir cualquier cosa; es el apasionante proceso del proyecto; es la intervención de renombrados “asesores" multinacionales y "consultoras" que justifican y avalan la absoluta necesidad de la construcción mediante carísimos informes; es la adjudicación definitiva de la construcción (el excitante reparto de las obras, el juego de las presiones y chalaneos y la maravillosa posibilidad de activar corruptelas); es el proceso de la construcción en sí misma, con puestos de trabajo temporales que rescatan puntualmente las estadísticas; es el gran consumo de energía y materiales que alegran el PIB; es el brillante acto de la inauguración de la infraestructura.

Lo que suceda después, la utilidad social de la infraestructura, los beneficios para la nación y sus ciudadanos a largo plazo son asuntos colaterales y sin importancia.

En estos días, el estudio de la madrileña consultora FEDEA ha puesto al descubierto el disparate de las líneas de ferrocarril de alta velocidad (AVE) en el Reino de España. Nuestro país es el primero del mundo mundial en kilómetros de líneas férreas de alta velocidad por cada millón de habitantes, alcanzando los 79 km al sumar líneas operativas y en construcción. Pero somos los últimos del mundo mundial en la utilización de esas líneas, con 10.120 pasajeros por km y año, frente a los 150.000 de Japón y los 61.000 de Francia.

El AVE español a 300 km/hora no es un medio de transporte de interés general y social, sino elitista y de baja rentabilidad económica. Sobre todo, al dificultar que las nuevas líneas sean empleadas también para el transporte de mercancías, como sucede en Alemania, donde se limita la velocidad a 200 km/hora para facilitar el doble uso. Para colmo, la implantación del AVE ha venido acompañada del cierre de estaciones y líneas de ferrocarril convencionales, forzando a un mayor uso del camión y el coche.

Otro ejemplo de la perturbadora amalgama entre políticos y empresarios de la construcción acaba de despertarse, tras el anuncio de la inminente conexión del embalse de Melonares con la ciudad de Sevilla para el abastecimiento de agua. La presa de Melonares es otro ejemplo de infraestructura que satisface el tamdem político-empresarial. La dilatada historia de esta innecesaria obra de Andalucía sirve de modelo para profundizar en el concepto de la sostenibilidad.

Corría el año 1996 y Sevilla gritaba a los cuatro vientos que necesitaba agua. Por entonces, la ciudad y su entorno metropolitano mostraban una demanda anual de 137 hectómetros cúbicos (Hm3) de agua, aunque la empresa municipal de aguas, EMASESA, solamente llegaba a facturar 87 Hm3. La diferencia entre los caudales llevados hasta Sevilla y lo posteriormente contado y cobrado significaba un rendimiento hidráulico del 58%. ¿Dónde estaban los litros ni contados ni cobrados? ¿Por dónde se iba el 42% del agua?

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla aducía el baldeo de calles y otros usos "oficiales" del agua, pero el verdadero problema eran las fugas de agua en una red de abastecimiento deteriorada y en un sistema de gestión basado en la oferta y no en la demanda. Al mismo tiempo, en 1996 aparecían estudios (¡los "consultings" de nuevo!) que pronosticaban espectaculares crecimientos de la demanda de agua, anunciando necesidades de hasta 240 Hm3 anuales en el año 2012, con un consumo superior a los 160 litros de agua por habitante al día.

La construcción de la presa de Melonares, capaz de retener y aportar el agua que Sevilla necesitaba, se transformó en un clamor mediático y municipal, fuertemente orquestado, que llegó a Bruselas. En efecto, el Gobierno de Andalucía, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir y la ciudad de Sevilla presentaron el proyecto del embalse de Melonares a la financiación del Fondo de Cohesión, dentro del apartado de infraestructuras ambientales (Gestión del agua). En Bruselas torcieron el gesto.

El Fondo de Cohesión estaba dispuesto a financiar la infraestructura al 80% pero únicamente si antes fracasaban otras formas de gestión que utilizaran el escaso recurso con más inteligencia. Por ejemplo, levantando las aceras de la ciudad para reparar la maltrecha red de abastecimiento (con dinero del propio Fondo de Cohesión) e implantando una “gestión de la demanda”, que incluía la instalación de contadores de agua individuales y campañas de ahorro. Recuperando ese 40% de agua "perdida" y ahorrando un poco, la presa de Melonares era innecesaria.

El agua de Melonares, la que debía salvar a los sevillanos de la muerte por sed, 
lleva cinco años almacenada esperando a la inexistente conexión con la "sedienta" ciudad

Las medidas sugeridas desde Europa (y desde la propia Andalucía) fueron aplicadas y en 2005 el consumo de la ciudad había bajado desde los 160 litros/habitante/día, hasta los 120 litros. La amenaza de quedarse sin agua resultó infundada y la presa de Melonares resultó innecesaria. Pero la presión constructora no cesó, el nuevo embalse fue construido y empezó a llenarse de agua en el año 2009. No obstante, al dejar de ser imprescindible, no se colocaron colectores para llevar el agua hasta Sevilla.

Han pasado los años y Melonares está llena de agua. Pero es el histórico sistema de captación de agua de Sevilla quien sigue aportando todo el recurso que necesitan los sevillanos. Sin embargo, hay que justificar ante los votantes y contribuyentes la obra de Melonares, completando la conexión con la urbe. Aunque sin prisas. Se espera que el agua del embalse llegue a la ciudad antes de que termine el año 2015. Si es posible, habría que enganchar antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, para hacerse a tiempo unas bonitas fotos con traje de fiesta y salir en la tele.